La Gobernación de Caldas lideró una mesa interinstitucional de cara a la solución integral e inmediata de la problemática de informalidad minera de la ribera del río Cauca en los municipios limítrofes de los departamentos de Caldas y Risaralda.
Al encuentro asistieron, entre otros, el brigadier general de la Policía Nacional Óscar Ateorthua; el comandante del Departamento de Policía Caldas, coronel Necton Lincoln Borja; el gobernador del Departamento de Caldas ( e) Ricardo Gómez Giraldo; el secretario de Gobierno, Carlos Alberto Piedrahíta Gutiérrez; la jefe de la Unidad de Minas ,Paula Andrea López Gálvez; el director de la Corporación Regional y Autónoma de Caldas, Juan David Arango Gartner. Además, delegación de la Gobernación de Risaralda, del municipio de Quinchia (Risaralda), la Corporación Autónoma de Risaralda y la presidenta de la Agencia Nacional de Minería, Silvana Habib Daza.
En la actividad se analizó, técnica, jurídica y socialmente la situación de las personas que se dedican a esta actividad en las riberas de este afluente para evitar fatales consecuencias por las precarias condiciones de seguridad e higiene mineras.
Análisis de la problemática
El secretario de Gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedrahita Gutiérrez, dijo: “hay 12 puntos críticos definidos en todo el río Cauca y esperamos mirar con la ANM, Corpocaldas y el Ministerio de Minas cómo hacer para que en esos puntos donde hay mayor concentración de personas de minería informal, sean determinados como terrazas. Lo anterior, a partir de un estudio y una viabilizarían de dicho estudio para que realmente sea explotado de buena manera y así se mitigue el riesgo de la posibilidad de muerte de los mineros. Así mismo, garantizar empleabilidad, sostenibilidad y continuidad en el tema de minería”.
El gobernador de Caldas (e), Ricardo Gómez Giraldo, expresó. “lo que nos están diciendo los alcaldes es que hay que entregar alternativas de empleo a la gente y generar programas. Las autoridades de policía tienen que averiguar quiénes están incentivando esta minería, porque evidentemente no parece ser un tema ni de minería artesanal, ni espontánea”.
El director del Centro del Pensamiento del Agua y el sector minero, ANDI, Eduardo Chaparro, anotó: “importante la evidente coordinación que se está dando desde la administración pública, Nacional, regional, departamental y municipal para tratar un tema que tiene demasiados ángulos, demasiadas aristas, que a veces tiene aproximaciones muy livianas. Hay que entender todo lo que hay en términos de economía y todo lo que implica, sobretodo, para la vida de la gente que está vinculada con este tipo de actividad”.
Javier García Granados, vicepresidente de seguimiento, Control y Seguridad Minera, de la Agencia Nacional de Minería, hizo un llamado de atención hablando de los recursos de regalías en el departamento. “Sencillamente que esos recursos que tienen como destino la asignación directa, es decir, que a los municipios, no les está llegando la plata. Entonces nosotros lo que quisiéramos llamar la atención, es hacer algo con ellos, porque los municipio están perdiendo la plata y si está cargando con toda la problemática ambiental y social que está generando la extracción ilícita de minerales.”
Por su parte la presidenta de la Agencia Nacional Minera, Silvana Habib Daza, comentó: “estamos señalando una hoja de ruta de cómo vamos a atacar esta situación. La minería aluvial no es que sea ilegal, hablamos de extracción ilícita, la minería que se hace con título, se puede hacer efectivamente donde lo autorice la autoridad ambiental”
Se concluyó, que en los casos que sea viable técnica, jurídica y ambientalmente se adelantarán acciones de regularización y formalización. En el caso que no exista la posibilidad de regularizarse, se crearán proyectos de reconversión laboral que alivien la situación de informalidad de los explotadores informales y sus familias.