Ante la demanda de 700 millones de dólares de la multinacional canadiense, Gran Colombia Gold, contra el estado colombiano, el secretario de Gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedrahita Gutiérrez, manifestó que se deben buscar alternativas para generar el menor impacto, desdelo jurídico y lo social. El funcionario indicó que en este momento el alcalde de Marmato, Julio Vargas Chica, tiene 62 solicitudes o resoluciones de amparo administrativo dados por la Agencia Nacional Minera, donde se ordena la evacuación de las minas; además desde agosto de 2015, el fallo de un juez de la República, ordenó también al alcalde el desalojo de varios socavones, lo que no se ha cumplido.
El funcionario señaló que frente a las órdenes de desalojo, la Gobernación de Caldas tiene la voluntad de acompañar al alcalde para que cumpla con lo que le ordena la ley y ratificó que se le han brindado todas las garantías desde el apoyo institucional. Ratificó que la Agencia Nacional Minera debe también asumir su responsabilidad y actuar según le ordena la ley en el nuevo código de policía.
Piedrahita Gutiérrez aseguró que desde la Unidad de Minas se adelantan procesos de dialogo para que la multinacional ofrezca empleo a estos mineros y quienes no quieran seguir en la actividad procesos de reconversión y alternativas de trabajo para que no se genere un impacto social por desempleo, no obstante afirmó que hay un alto porcentaje de personas que no son del municipio y llegan de otras regiones del país.
La cifra
- Entre 2 mil y 3 mil mineros resultarán afectados son la orden de expulsión.
El dato
- En tres reuniones celebradas en Marmato el año anterior con autoridades gubernamentales y mineras, La Gran Colombia Gold, quien posee 34 títulos, se comprometió a emplear a la mayoría de mineros de la zona con todas las prestaciones sociales.